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Los expresidentes de la República, Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez, aseguraron que el proyecto de reforma a la Ley de Servicio Público, que busca eliminar las pensiones vitalicias de los mandatarios que fueron destituidos y que tienen procesos judiciales pendientes, está planteado desde el “odio” de Alianza País y es un paso más en lo que ellos llaman una persecución política.
La primera vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado, propone reformar el artículo 135 de la Ley de Servicio Público que “fija una pensión vitalicia mensual equivalente al 75% de la remuneración vigente para expresidentes y exvicepresidentes constitucionales elegidos por votación popular y que se hayan posesionado en el cargo. Se exceptúan los mandatarios a quienes se les revoque el mandato”. La pensión también cuenta para los vicepresidentes que, por razones constitucionales, han asumidos las funciones de Presidente de la República.
La idea de Alvarado es que se retire la pensión vitalicia a aquellos mandatarios que se ausentaron del país sin la autorización del Congreso Nacional, aquellos que mantengan procesos judiciales de cualquier índole, los que fueron destituidos, abandonaron el cargo, fueron declarados con incapacidad física o mental para gobernar, les revocaron el mandato, así como aquellos cuya designación fuere consecuencia directa de una ruptura de facto del orden constitucional”.
Bajo esta premisa, los expresidentes Abdalá Bucaram (1996-1997), Jamil Mahuad (1998-2000) y Lucio Gutiérrez (2003-2005), así como el expresidente interino Fabián Alarcón (1997-1998) perderían su pensión vitalicia que promedia los USD 4000.
De aprobarse esta ley, los mandatarios que continuarían recibiendo este beneficio serían los expresidentes Osvaldo Hurtado (1981-1984), Rodrigo Borja (1988-1992), Sixto Durán Ballén (1992-1996), Gustavo Noboa (2000-2003) y Alfredo Palacio (2005-2007). También la viuda del expresidente León Febres Cordero (1984-1988), así como los tres hijos del fallecido presidente Jaime Roldós (1979-1981). Ellos pese a ser mayores de edad tienen una consideración especial por las circunstancias políticas en la que el mandatario y su esposa perdieron la vida en el trágico accidente aéreo de Zapotillo. La pensión en este caso es USD 1 000.
También seguirían recibiendo su pensión los exvicepresidentes León Roldós (1981-1984), Blasco Peñaherrera (1984-1988), Luis Parodi (1988-1992) Eduardo Peña (1995-1996), Pedro Aguayo (1998), Pedro Pinto (2000-2003) y Lenín Moreno (2007-2013).
La asambleísta Alvarado cree que no habría problema con las pensiones de los exvicepresidentes Alberto Dahik (1992-1995) y Rosalía Arteaga (1996-1998) quienes renunciaron a sus cargos. A su juicio, la ley deber ser muy precisa en estos casos.
Rosana Alvarado: ‘Esta medida es para honrarle al país’.
