Se suman al paro pensionistas de las FF.AA. y de la Policía

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Treinta y cinco organizaciones de la Coordinación de Jubilados del Ecuador, que agrupa a los pensionistas del sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se sumarán al paro nacional del pueblo del 13 de agosto próximo.

Ayer los miembros de esos gremios se reunieron en Quito con los jubilados del Instituto de Seguridad Social (IESS) para afinar una agenda común de demandas.

Francisco Ortiz, presidente de la Coordinadora Nacional de Jubilados, dijo que el principal motivo de la adhesión al paro es el incumplimiento de la transferencia de 110 millones de dólares para el ISPOL y 330 millones para el ISSFA; así como 110 millones para el IESS, que corresponden al aporte del 40% del Estado para las jubilaciones de la generación que hoy está activa.

El 13 de agosto a las 09:00, se concentrarán a la Caja del Seguro en Quito, para participar en el paro nacional. Caminarán hasta donde avancen, pero previamente se movilizarán en las ciudades y en los barrios donde residen, con banderas del Ecuador.

Según el dirigente, hoy se volverán a reunirse para establecer asuntos puntuales dentro del contexto de la estrategia, que fundamentalmente es defender al Seguro Social.

Aseguró que en el congreso de jubilados, afiliados y pensionistas hay la idea de la conformación de un gobierno alternativo del IESS, designando a un director general, a los representantes del Consejo Directivo, y desde ese escenario discutir la ley de IESS, ya que el organismo no es del Estado y peor del Gobierno.

Servicio pasivo

Patricio Haro, delegado de los jubilados del ISSFA, dijo que los militares en servicio pasivo también apoyan la protesta nacional en contra de la “prepotencia de cómo se gobierna”, pues han sido víctimas, según expresó, de descalificaciones y se sienten afectados con el tema de la autonomía del sistema de seguridad social.

“Vemos ahora que el vocero oficial del ISSFA es un venezolano que está trabajando directamente en el Ministerio de Defensa”, denunció.

A nivel nacional existen 430 mil jubilados, y, de acuerdo con Haro, la intención es sacar a la las calles de manera pacifica al menos a un millón de personas, contando con sus familiares. (ANL)-(I).

Revelan plan para impedir que marcha llegue a Quito

QUITO.- Los dirigentes de la marcha por la dignidad y la vida denunciaron ayer un plan para obstaculizar la movilización e impedir su arribo a Quito, donde se unirán al paro nacional del pueblo el 13 de agosto, convocado por el Colectivo Unitario de Organizaciones Sociales.

La denuncia lo hizo pública Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, quien dijo ayer que el domingo por la tarde la Policía detuvo en Chunchubleza (Zamora) a los buses donde se transportaba cientos de indígenas y otros delegados de los sectores sociales.

Eso ocasionó un retraso por al menos cinco horas el cronograma. Por esta razón, recién a las 17:00 de ayer estaba previsto que aproximadamente 4 mil marchantes arriben a la ciudad de Loja.

“Vemos que el Gobierno del presidente Correa tiene planificado poner obstáculos en el camino”, manifestó Quizhpe, al señalar que algunas delegaciones del Azuay no pudieron unirse a la marcha en Zamora.

Para el prefecto, este seguramente es el primer contratiempo que sortear, dado que al Régimen el conviene impedir que los indígenas lleguen a Latacunga, donde se hará una proclama del segundo levantamiento indígena declarado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Coanie).

En la parroquia de Cumbrasaza, a 10 minutos de Zamora, los manifestantes desayunaron, y al alrededor de las 11:00 retomaron la camina desde Timabara hacia la ciudad de Loja. Allí previamente a las 16:00 compartieron un almuerzo comunitario.

“Ha sido un multitudinario apoyo de la ciudadanía y esperamos que se unan muchos más ecuatorianos que quieren que se archiven las enmiendas constitucionales y otras demandas”, dijo.

Esperan que el Gobierno se sensibilice y acoja los mandatos del pueblo ecuatoriano para que vuelva la tranquilidad al país.

Jorge Herrera, máxima autoridad de la Conaie, planteó ayer que los indígenas participen en el dialogo por la equidad y la justicia que promueve el Régimen, “siempre y cuando se archive el paquete de enmiendas a la Constitución”.

Uno de los hechos que llamó la atención de los manifestantes fue la presencia de César Carrión, ex director del Hospital de la Policía Nacional en Quito, y procesado por los hechos del 30 de septiembre de 2010. (ANL)-(I).

 

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